105/08: Reunión pro - aborto

PSOE e izquierda crean en el Congreso su propia comisión pro-aborto

Con voto en contra del PP -y favorable del PNV- buscarán los "trucos" para sortear el dictamen constitucional de 1985.

El Gobierno socialista sigue jugando a crear la imagen de "consenso" y "pluralidad" para la nueva ley del aborto. A la Comisión de Expertos abortistas del Ministerio de Igualdad (todos del mismo color, como analizábamos aquí) y a los bioéticos de la Generalitat de Cataluña (puestos a dedo y casi todos abortistas como explicamos aquí) ha decidido añadir una subcomisión del Congreso de los Diputados, es decir, una comisión de políticos cuyos votos tengan un valor proporcional a su presencia en el Congreso.

Dicho de otra forma, la subcomisión del Congreso dirá lo que el PSOE con sus aliados de izquierda (IU, ICV, BNG, ERC) acuerden.

Votaron a favor de crear esta comisión los socialistas y sus aliados de izquierda. El PP votó en contra. La representante de CiU, Mercé Pigem, veterana militante de la ideología de género, el homosexualismo político y favorable al aborto, se abstuvo, porque su grupo parlamentario no tiene una postura común. Cada diputado de CiU, cuando la ley llegue al pleno del Congreso, votará en conciencia. Ella siempre ha votado a favor del aborto.

La sorpresa vino del Partido Nacionalista Vasco, que pese a tener un electorado similar al de CiU, en vez de abstenerse votó a favor de crear esta comisión, quizá por suavizar sus tensas relaciones con el PSOE en plena negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sandra Moneo, la portavoz del PP, dijo que aunque el Gobierno habla de diálogo, en realidad los socialistas "tienen ya tomada la decisión" y "ya han dicho que quieren una nueva ley y no les importa el consenso que haya".

El gran problema: la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985

El PSOE, la izquierda, las clínicas abortistas y los ideólogos de género querrían aborto libre y sin causas. Que toda mujer que quiera abortar pueda abortar, sin límite alguno.

Por desgracia para ellos, esto no puede ser, porque la Constitución (según explica la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985) considera que el "nasciturus" es un "bien jurídico" cuya vida debe protegerse. La Constitución (según el Constitucional) sólo permitiría excepciones en caso de "grave riesgo para la salud de la madre", "graves malformaciones del feto" y "violación".

De ahí nacen los 3 supuestos de la ley actual, que hacen que el 97% de los abortos sean un fraude de ley que se acogen al coladero de "riesgo para la salud psíquica de la mujer". Sin este coladero, en España, en vez de 100.000 abortos anuales habría sólo unos 3.000... que son, curiosamente, los que se practican en los hospitales públicos. Los psiquiatras que firman "certificados-coladero" son los vinculados a ese 97% de abortos de las clínicas privadas.

Por lo tanto, una ley "sin límites" no pasaría el filtro del Constitucional. Se busca una ley de plazos pura (aborto libre, sin causa, dentro de unos meses) o un cuarto supuesto, otro coladero como "riesgo socieconómico" o similar. Pero la sentencia del Constitucional de 1985 es muy estricta y probablemente esto tampoco funcionaría.

La experta del Ministerio de Igualdad en "constitucionalizar lo inconstitucionalizable" es la abogada María Durán Febrer (del lobby EWLA y la asociación Themis), que tendrá que hacer encaje de bolillos para justificar un "aborto sin causa" cuando el nasciturus es un "bien jurídico protegible". Pero sin duda los diputados abortistas de izquierda también querrán aportar sus ideas mediante la nueva comisión.

Fuente: forumlibertas