Lógicamente esto ha provocado críticas desde diversos sectores, entre ellos desde el farmacéutico. Son muchos los facultativos que se niegan a venderla sin receta.
La Asociación Española de Farmacéuticos Católicos calificó la venta de la “píldora del día después” (PDD) sin receta médica en las farmacias como “una irresponsabilidad, cuyos efectos en el futuro tendrán que lamentarse”.En un comunicado publicado en su página web, destacó que ese cambio, “además de ignorar al profesional farmacéutico, supone un serio riesgo, tanto por el efecto abortivo de la PDD -ya que, al impedir la implantación del óvulo fecundado en el útero, produce la eliminación de un ser humano en desarrollo-, como por los graves riesgos para la salud de las niñas, adolescentes y mujeres”.
También lamentó que “la paciente no va a tener un diagnóstico adecuado por parte del médico, ni tampoco un seguimiento que es necesario al tomar cualquier medicamento y mucho más en este caso del que se pueden derivar efectos adversos graves”.
Por otra parte, la medida de la Administración del Estado ha suscitado la creación de la Red Farmacia Responsable, formada por farmacéuticos y otros profesionales sanitarios contrarios a dispensar de esta manera la píldora postcoital.
La Red ya está trabajando para informar desde las farmacias de los riesgos, a través de la distribución de folletos y carteles con advertencias sobre la PDD.
La conciencia de los farmacéuticos
Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC) avisó que la Administracón del Estado tratará de imponer la venta de la píldora sin receta y puede multar al farmacéutico que se niegue a venderla.
Sin embargo, recordó que existe el derecho a la objeción de conciencia y que el farmacéutico que no quiera venderla puede alegar razonadamente su negativa a aceptar esa norma ante las autoridades por las que llegue la norma (ante los Colegios o ante la administración de sanidad).
Su portavoz Juan Manuel Molina explicó a ZENIT que ANDOC ofrecerá a los farmacéuticos información técnica necesaria y asistencia jurídica para presentar recursos contencioso-administrativos ante los tribunales de justicia contra las sanciones.
“Cuando la Administración del gobierno intente poner sanciones, se va a encontrar en un mar de contenciosos-administrativos”, advirtió.
Por otra parte, Molina destacó que la píldora postcoital contiene hormonas en unas dosis muy elevadas y denunció que para otras sustancias que tienen tres veces menos de hormonas, se requiere la receta médica.
Molina destacó el carácter biocida de la sustancia que se ha reclasificado. “Estamos ante una sustancia que no es un medicamento, porque el medicamento trata de corregir una enfermedad y la gestación de un ser vivo no se puede considerar una enfermedad”, dijo.
“Se le está dando consideración de agente patógeno a la vida humana concebida y se le está aplicando un biocida que, técnicamente en control de plagas, se llama biocida de emergencia, porque trata de provocar la muerte de cualquier ser vivo que aflore –añadió-. Al concebido se le da la consideración de una plaga”.
Nuevo estatus sin razones
Mientras tanto, la organización católica E-Cristians anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la regularización de la Agencia del Medicamento, en el que cuestionará por qué se ha pasado de requerir una receta a no requerirla sin ofrecer las razones científicas o médicas que lo justifiquen.
Su presidente, Josep Miró i Ardèvol, declaró a ZENIT que “es absolutamente discutible que se pueda distribuir la píldora sin un acto médico, sin una receta extendida con el previo conocimiento de la situación de la mujer que la solicita”.
El recurso también permitirá a E-Cristians acceder al expediente informativo que justifica si realmente ha habido los informes previos necesarios para motivar el cambio de estatus o se trata de una decisión por criterios políticos.
Los controles realizados en los puntos donde se distribuyen “píldoras del día siguiente” desde hace años en España demuestran que un alto porcentaje de chicas recurren a la PDD reiteradamente e incluso algunas de ellas la utilizan como método anticonceptivo.
Para Miró, esto “resulta muy grave y hay elementos más que suficientes para pensar que el Ministerio y la Agencia del Medicamento actúan de manera irresponsable por razones políticas”.
Proyecto de ley sobre el aborto
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó este sábado el Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez, declaró este lunes a los medios de comunicación que ese proyecto de ley “repele a la razón” y “se presenta como si el aborto fuera un derecho de la mujer”.
El primado afirmó que “nos juzgarán las generaciones futuras por leyes como ésta” y opinó que el proyecto de ley “tiene muy poco de salud sexual”.
Por su parte, el Foro Español de la Familia, destacó en un comunicado publicado el sábado que “lamenta profundamente esta iniciativa del Gobierno que es radicalmente injusta e insolidaria y anima a todos los ciudadanos a participar masivamente en la manifestación convocada para el próximo 17 de Octubre en defensa de la Vida, la Mujer y la Maternidad”.
Su presidente, Benigno Blanco, declaró que “somos millones los españoles que no estamos dispuestos a acostumbrarnos al aborto, ni a legitimar que su práctica sea legal, pues está en juego el derecho a la vida, que es el substrato de todos los derechos humanos”.
Publicado en www.Zenit, 29.09.09
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